El documento entregado por Hacienda al Congreso prevé ingresos totales cercanos a los 10.2 billones de pesos, lo que representa un crecimiento real frente al año anterior. El pilar de esta recaudación siguen siendo los impuestos, en particular el ISR, el IVA y el IEPS. El gobierno estima que la economía mexicana crecerá en un rango entre 1.8 % y 2.8 % en 2026, con un promedio de 2.3 %.
Uno de los cambios más comentados es el incremento en el IEPS a bebidas azucaradas, que prácticamente se duplica. También suben los gravámenes al tabaco, con una expectativa de ingresos adicionales para el erario. A esto se suma una propuesta innovadora: aplicar un IEPS del 8 % a videojuegos con contenido violento. Con estas medidas, la administración busca recaudar más sin introducir impuestos completamente nuevos.
El ISR se mantiene como la fuente principal de ingresos, con una expectativa de superar los tres billones de pesos en 2026. Sin embargo, los ahorradores verán un ajuste directo: la tasa de retención por intereses bancarios pasará de 0.50 % a 0.90 %, lo que significa menos rendimiento neto para quienes guardan dinero en instituciones financieras. En el terreno digital también habrá cambios, ya que las plataformas deberán retener más impuestos a quienes venden en línea.
La propuesta también toca al sector financiero al eliminar beneficios fiscales que tenía la banca, lo que se traduce en mayores ingresos para el Estado. Al mismo tiempo, se abre un incentivo para quienes traigan capitales del extranjero, con un régimen especial de repatriación que fija un ISR de 15 % siempre y cuando los recursos se inviertan de manera productiva durante al menos tres años.
La gran apuesta, según Hacienda, es que el consumo interno se mantenga sólido. En un contexto donde el desempleo está en mínimos históricos y los salarios muestran cierta recuperación, la expectativa es que los hogares sigan gastando y, con ello, alimenten la recaudación. No obstante, esta estrategia puede tener un efecto boomerang: si los incrementos fiscales reducen el poder adquisitivo, el mismo motor en el que se apoya la Ley de Ingresos podría empezar a perder fuerza.
Los riesgos principales están en la presión sobre el bolsillo de las familias y en la aceptación social de las medidas, sobre todo en productos sensibles como alimentos y bebidas. Además, el éxito de la estrategia no solo dependerá de cobrar más impuestos, sino de que el gasto público se use de forma eficiente y genere beneficios visibles.
En resumen, la Ley de Ingresos 2026 representa una jugada audaz del gobierno: recaudar más aprovechando la fortaleza del consumo, pero con el reto de que los ajustes no terminen debilitando a los hogares que sostienen esa misma dinámica.