Con la aprobación en el Pleno y la firma de la autógrafa, el proceso legislativo ya dio un paso decisivo. El documento se encuentra en Palacio de Gobierno y, según la Constitución, la presidenta dispone de 15 días hábiles para definir el futuro de la norma. Durante ese tiempo puede optar por promulgarla, presentar observaciones o simplemente dejar que el plazo venza.
Si Boluarte decide observar el proyecto, este regresará al Congreso, que podría aceptar los cambios o insistir en el texto original. En caso de insistencia, el Legislativo tendría la última palabra y promulgaría la ley directamente. Si, en cambio, la mandataria no hace nada, al cumplirse el plazo será el presidente del Congreso quien firme la promulgación y ordene su publicación en el diario oficial.
Qué implica para los afiliados
El debate no solo es político, también toca el bolsillo de millones de peruanos. Con este octavo retiro, los afiliados tendrían la posibilidad de disponer de parte de sus fondos previsionales en un contexto de desaceleración económica. Para muchos, representa un alivio financiero inmediato; para otros, un riesgo de seguir debilitando sus ahorros para la jubilación.
En paralelo, entidades como la Superintendencia de Banca y Seguros y el Ministerio de Economía han advertido que un nuevo retiro podría impactar en la liquidez del sistema financiero y en el futuro de las pensiones. Sin embargo, el respaldo congresal muestra que la presión social ha pesado más en esta decisión.
Conclusión
El octavo retiro de AFP ya dejó de ser una propuesta y se convirtió en una ley en espera de promulgación. Ahora todo depende de Dina Boluarte, quien debe decidir en los próximos días si la respalda o si devuelve el texto con observaciones. Lo que está claro es que, más allá de lo que resuelva el Ejecutivo, el Congreso tiene la facultad de sacar adelante la norma, y los afiliados ya cuentan los días para saber si podrán acceder a su dinero.
