El dictamen fue aprobado casi de manera unánime en el Pleno, con 110 votos a favor y solo 5 abstenciones. Tras este resultado, el Congreso exoneró el proyecto de una segunda votación, lo que agiliza su entrada en vigencia. La Comisión de Economía ya había dado el visto bueno previamente, y la medida contó con un respaldo mayoritario en todas las bancadas, reflejando la presión social que existe sobre este tema.
El mecanismo de retiro será similar al aplicado en anteriores oportunidades. Una vez promulgada la norma, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tendrá 30 días calendario para emitir el reglamento operativo. Los afiliados dispondrán de 90 días para presentar su solicitud y podrán recibir los fondos en desembolsos de 1 UIT cada 30 días hasta completar el monto máximo. También se permitirá desistir del trámite, pero solo una vez y siempre que se comunique con diez días de anticipación al siguiente desembolso.
La norma incluye cambios de gran alcance. Por un lado, se elimina el aporte obligatorio para los trabajadores independientes, medida que era cuestionada desde su implementación por la dificultad de formalización laboral en el país. Por otro lado, se restituye el derecho a disponer del 95,5 % de los fondos de pensión al momento de jubilarse, independientemente de la edad del afiliado.
Aunque la aprobación ha sido recibida como una victoria por millones de peruanos, los gremios del sector previsional y la SBS advirtieron que este retiro podría tener consecuencias significativas. Se calcula que la salida de dinero podría alcanzar los S/ 31.613 millones, lo que representa el 27,5 % del total acumulado en el sistema privado de pensiones. Según estimaciones, más de 7,8 millones de personas estarían habilitadas para beneficiarse con este nuevo retiro.
Las advertencias se centran en la sostenibilidad del sistema. Con cada nuevo retiro, los fondos de los afiliados se reducen de manera acelerada, poniendo en riesgo su pensión futura. Además, la eliminación del aporte obligatorio para independientes podría desalentar la cultura de ahorro previsional y ampliar la brecha de cobertura en el país. De continuar esta tendencia, expertos advierten que el Estado podría tener que asumir mayores responsabilidades fiscales en el futuro para garantizar pensiones mínimas.
Más allá de las críticas, lo cierto es que la medida llega en un contexto económico complicado. Muchas familias ven en este retiro una oportunidad para cubrir deudas, enfrentar la inflación o financiar gastos urgentes. El Congreso ha respondido a esa demanda social con una decisión que busca brindar liquidez inmediata, aunque deja abierto un debate de fondo: cómo garantizar un sistema de pensiones sostenible y justo para los próximos años.
Conclusión
El octavo retiro AFP marca un hito en la política previsional del país. Ofrece un alivio tangible a corto plazo, pero también plantea interrogantes sobre la solidez del sistema a largo plazo. El desafío ahora será equilibrar la necesidad urgente de liquidez de los afiliados con la responsabilidad de asegurar pensiones dignas para el futuro.
