El cambio es profundo. Antes, cuando un producto estaba incluido en la lista de exenciones establecidas en la Ley de IVA, entraba al país libre del impuesto sin necesidad de trámites adicionales. Con el nuevo decreto, ese beneficio desaparece y ahora todo importador que quiera librarse del pago debe gestionar un certificado de exoneración ante el COMEX. Esta autorización no es automática y solo se otorga para ciertos bienes estratégicos definidos en los apéndices del decreto, con una vigencia de un año.
El esquema funciona así: algunos productos podrán obtener hasta un 90 % de exoneración del IVA e Impuesto de Importación, siempre que cumplan los criterios que establezca el COMEX. En otros casos, como importaciones realizadas directamente por entes públicos o empresas del Estado, sí podrá mantenerse la exención total. Para el resto, si no consiguen el certificado, deberán pagar la alícuota completa del IVA, lo que se traduce en un incremento de costos que inevitablemente se trasladará al consumidor final.
El impacto en los precios es evidente. Pensemos en un importador que trae maquinaria agrícola valorada en Bs. 10.000. Con la exención automática anterior, no pagaba IVA. Ahora, si logra el beneficio parcial, pagaría un 10 % del impuesto correspondiente, es decir, alrededor de Bs. 160 en vez de Bs. 1.600. Pero si no obtiene el certificado, deberá cancelar la totalidad del IVA, lo que representa un encarecimiento considerable que terminará reflejándose en el precio de la maquinaria y, en consecuencia, en los costos de producción del sector agrícola.
El problema es que esta nueva dinámica no solo afecta a importadores, sino también a toda la cadena productiva y al consumidor final. Los alimentos que dependen del comercio exterior, los medicamentos que no se producen en el país y los insumos industriales sufrirán aumentos que golpean directamente al bolsillo de los venezolanos. Además, los trámites adicionales generan incertidumbre y burocracia, ya que la decisión de otorgar o no las exoneraciones queda en manos de un comité gubernamental que evaluará factores como la existencia de producción nacional o las prioridades de la política económica.
Desde el punto de vista legal, especialistas advierten que este tipo de medidas son cuestionables porque se dictaron bajo el amparo de un estado de excepción ya vencido. Aun así, están en vigencia y marcan una transición de un sistema de exenciones legales, garantizadas por ley, a un esquema de exoneraciones discrecionales, donde la última palabra la tiene la administración pública.
El Gobierno sostiene que estas modificaciones son necesarias para proteger la industria nacional y evitar que las importaciones masivas sigan desplazando la producción local. Sin embargo, en un país con inflación persistente y poder adquisitivo limitado, el riesgo de que los consumidores terminen pagando más por productos básicos es alto. Al mismo tiempo, el exceso de discrecionalidad puede convertirse en un obstáculo para la competitividad del sector privado y abrir un nuevo frente de conflictos con importadores.
En conclusión, los decretos 5.145 y 5.146 cambian por completo las reglas del juego en materia de importaciones. Con la eliminación de las exenciones automáticas y la creación de un régimen de exoneraciones temporales y condicionadas, los costos de traer bienes al país aumentan y la seguridad jurídica se reduce. Para los venezolanos, esto se traduce en precios más altos en alimentos, medicinas y bienes de consumo, mientras que las empresas deben adaptarse a un entorno más controlado y burocrático que dependerá, más que nunca, de decisiones políticas.
