Colpensiones argumenta que la ley es clara: los empleados que ejercen labores de alto riesgo, como bomberos, guardianes de cárceles o trabajadores expuestos a sustancias peligrosas, deben estar afiliados al régimen público, ya que es el único que ofrece la protección adecuada frente a los riesgos propios de estas actividades. Sin embargo, miles de ellos fueron vinculados a fondos privados, lo que según la entidad ha generado un desfase millonario que ahora busca recuperar.
El reclamo asciende a 9 billones de pesos, una cifra que refleja los aportes que Colpensiones asegura haber debido recibir si las afiliaciones se hubieran hecho correctamente desde el principio. Junto a esta exigencia económica, la entidad adelantará el traslado de aproximadamente 45.000 trabajadores, garantizando que sus aportes y derechos adquiridos se mantengan intactos. La idea es que estos afiliados no pierdan lo cotizado, sino que continúen en el régimen público bajo las reglas que siempre les debieron aplicar.
El caso se da en medio de un contexto jurídico complejo. En los últimos años, la Corte Constitucional ha endurecido las condiciones para los traslados de afiliados desde fondos privados a Colpensiones, señalando que no todos los casos pueden resolverse de manera masiva, sino que deben revisarse de forma individual. Esto ha generado incertidumbre tanto en los afiliados como en las administradoras, que ven cómo el tema pensional se convierte en un foco de tensión permanente.
Más allá de la disputa legal, el fondo del asunto está en la sostenibilidad financiera del sistema. Colpensiones advierte que, si no se corrigen estas irregularidades, la entidad podría ver afectada su capacidad de cubrir las pensiones de quienes realmente dependen de ella. Al mismo tiempo, los fondos privados temen un precedente que obligue a devoluciones masivas de recursos, lo que afectaría su estabilidad y el equilibrio general del sistema.
En conclusión, el reclamo de Colpensiones no es solo una pelea por dinero. Se trata de un esfuerzo por corregir un error estructural que dejó en el limbo a miles de trabajadores que todos los días arriesgan su vida en labores críticas para el país. La decisión marcará el rumbo del sistema pensional en los próximos años y pondrá a prueba la capacidad del Estado y de los fondos privados para encontrar un equilibrio justo entre sostenibilidad y protección social.
