Desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel en agosto de 2020, las expectativas se centraban en abrir un nuevo mercado para los productos colombianos. La apuesta era diversificar y ganar terreno en sectores agrícolas e industriales, pero la realidad es que las exportaciones se han concentrado casi por completo en un solo producto: el carbón. En 2024, más del 80% de lo que Colombia le vendió a Israel correspondió a este mineral, lo que evidencia un patrón poco sostenible y dependiente de un único sector.
El problema es que esa misma dependencia quedó en entredicho cuando el presidente Gustavo Petro anunció la prohibición de exportar carbón a Israel como medida política. La decisión, más allá de su trasfondo diplomático, tiene consecuencias directas sobre la economía nacional. Según cálculos de expertos, solo en ingresos fiscales, regalías y contribuciones, el impacto podría superar los 650.000 millones de pesos, golpeando con especial fuerza a departamentos como La Guajira y el Cesar, donde la minería es fuente principal de empleo e ingresos públicos.
Más allá de lo económico, el anuncio abre un frente legal complejo. El TLC con Israel establece compromisos de acceso y trato preferencial, y una medida unilateral como la adoptada por el Gobierno colombiano podría ser interpretada como un incumplimiento. Esto expondría al país a disputas comerciales, sanciones o incluso demandas internacionales, lo que afectaría no solo la relación con Israel sino también la confianza de otros socios comerciales.
El comercio bilateral ya venía mostrando señales de debilidad. Entre 2022 y 2024, las importaciones desde Israel cayeron más del 80%, lo que refleja un deterioro del intercambio. Aunque en los primeros años tras la firma del tratado las exportaciones colombianas llegaron a crecer más de 200%, el dinamismo no se sostuvo y el acuerdo no ha logrado cumplir con la promesa de diversificación.
En este panorama, el reto para Colombia es claro: si se mantiene la prohibición del carbón, habrá que diseñar una estrategia de sustitución con productos agrícolas, agroindustriales o de mayor valor agregado que puedan sostener la relación comercial. De lo contrario, el país corre el riesgo de perder no solo un mercado estratégico, sino también credibilidad frente a otros acuerdos internacionales.
La coyuntura obliga a preguntarse hasta dónde puede un gobierno llevar decisiones políticas sin afectar la estabilidad económica y jurídica de la nación. Lo cierto es que, aunque en 2024 Colombia logró vender a Israel por más de US$ 273 millones, buena parte de esa cifra podría evaporarse en el corto plazo si no se encuentran alternativas. El TLC, que buscaba ser una puerta de oportunidades, hoy se enfrenta a uno de sus momentos más frágiles.
