La reforma pensional aprobada en 2024, conocida como Ley 2381, proponía un sistema basado en tres pilares: solidario, semicontributivo y contributivo. Su objetivo era que los aportes de los trabajadores hasta 2,3 salarios mínimos fueran a Colpensiones, mientras que el excedente se canalizaría a un mecanismo de ahorro individual a través de las nuevas Administradoras de Componente Complementario de Ahorro Individual, conocidas como ACCAI. Además, se planteaba una renta básica solidaria para quienes no lograran pensionarse y se mantenían regímenes de transición para hombres y mujeres con un número mínimo de semanas cotizadas.
La propuesta buscaba ampliar la cobertura y dar un respiro a millones de colombianos que hoy no alcanzan una pensión bajo las condiciones actuales. Sin embargo, la Corte Constitucional encontró vicios en el trámite legislativo y decidió suspender la aplicación de la reforma, que debía entrar en vigor en julio de 2025. Con esa decisión, solo permanecen vigentes dos artículos de la ley, mientras el resto queda congelado hasta que se resuelva el proceso.
En la práctica, esto significa que sigue rigiendo la Ley 100 de 1993. Las edades de jubilación, el número de semanas exigidas y las reglas de traslado entre regímenes permanecen intactas. Incluso, los plazos para cambiarse entre fondos se extendieron hasta el 15 de julio de 2026, lo que da más tiempo a quienes aún dudan dónde quedarse.
Ahora el balón está en el Congreso, que deberá corregir los errores de procedimiento señalados por la Corte. Una vez subsanados, el proyecto tendrá que volver a discutirse en el Legislativo y pasar de nuevo por revisión antes de que se decida si realmente puede entrar en vigencia. El plazo para corregir esas fallas será de 30 días hábiles, lo que aumenta la presión política y jurídica sobre el futuro de la reforma.
Para los cotizantes, el panorama es de incertidumbre. Quienes ya habían hecho planes bajo las nuevas reglas no saben si podrán mantenerse en ese esquema, mientras que otros ven en la suspensión una oportunidad de revisar mejor las consecuencias de la reforma. En todo caso, lo cierto es que el sistema actual sigue vigente y que cualquier modificación tendrá que pasar un nuevo examen legal y político.
El gran reto es garantizar que los cambios futuros no solo amplíen la cobertura, sino que sean financieramente sostenibles para el país. Las pensiones en Colombia siguen siendo un tema sensible y de gran impacto en la vida de millones de trabajadores, por lo que el debate apenas comienza.
