El titular del MINEM, Jorge Luis Montero, fue claro al señalar que el Estado no está promoviendo Conga en este momento. Según explicó, cualquier intento de reactivación tendría que pasar por un replanteamiento integral que asegure la protección de los recursos hídricos y la aceptación social en Cajamarca, donde las protestas contra el proyecto marcaron un hito en la última década. Este mensaje no solo responde a un contexto político sensible, sino también a un marco regulatorio más exigente, donde los estudios ambientales de hace más de diez años ya no cumplen los estándares vigentes.
A esta posición del Ejecutivo se suma un factor clave: en agosto de este año, el Poder Judicial de Cajamarca declaró fundada una demanda de amparo contra Conga, dejando sin efecto el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2010 y ordenando detener cualquier acto que ponga en riesgo el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado. La resolución fue interpretada como un fuerte respaldo a las comunidades y colectivos que durante años han advertido sobre el impacto del proyecto en las lagunas y cabeceras de cuenca de la región.
En paralelo, el Gobierno busca avanzar en otros frentes. La mirada está puesta en proyectos como La Granja y Michiquillay, ambos ubicados también en Cajamarca, que cuentan con mayor aceptación social y una proyección más clara de ejecución en el corto plazo. Con esta estrategia, el Ejecutivo intenta dar señales de estabilidad a los inversionistas sin desatender la conflictividad social que históricamente ha acompañado a Conga.
El caso Conga simboliza una tensión permanente en la minería peruana: el choque entre la necesidad de atraer inversión y la obligación de proteger el ambiente y respetar a las comunidades. La decisión de ponerlo en pausa puede verse como un reconocimiento de que el país necesita nuevas reglas de juego para que la minería sea sostenible en el tiempo.
En conclusión, Conga no va por ahora. La combinación de una sentencia judicial firme, una oposición social que no ha perdido fuerza y la apuesta del Gobierno por otros proyectos más viables coloca a esta iniciativa en el congelador. El futuro dependerá de que la empresa promotora logre presentar un plan renovado que convenza tanto a la población como al Estado, algo que, al menos en el corto plazo, parece lejano.
