En su pronunciamiento, Aráoz recalcó que los retiros extraordinarios no solucionan los problemas estructurales del país y que, por el contrario, dejan a los peruanos con menos seguridad para su jubilación. Desde el 2020 ya se han autorizado siete retiros de fondos privados, y actualmente el Congreso debate proyectos que plantean permitir un octavo, con montos de hasta 4 UIT, lo que equivale a unos 21,400 soles.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha manifestado su preocupación porque, de aprobarse, cerca de 8.8 millones de afiliados podrían quedarse sin acceso a una pensión mínima de 600 soles. Esto no solo representa un riesgo para la seguridad social, sino que además presionaría al Estado a cubrir con recursos fiscales lo que los ahorros privados ya no garantizarían.
La discusión se da en un contexto complejo, pues en setiembre de 2023 se aprobó la reforma del sistema previsional que prohíbe nuevos retiros, aunque su reglamento aún no se aplica de manera integral. En paralelo, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional han advertido que estas medidas debilitan el mercado de capitales, encarecen el crédito y elevan la probabilidad de que los peruanos enfrenten pobreza en la tercera edad.
Lo que está en juego no es menor: si los fondos de pensiones siguen vaciándose, el país perderá capacidad de atraer inversión y de financiar proyectos a tasas razonables. Además, el sistema previsional perderá fuerza para cumplir con coberturas de jubilación, invalidez y fallecimiento, trasladando el problema al Estado y aumentando la carga fiscal.
Aráoz concluye que insistir con más retiros es una señal peligrosa que resta credibilidad a la economía peruana en momentos donde la confianza y la estabilidad son más necesarias que nunca. La prioridad debería estar en fortalecer el sistema previsional y no en debilitarlo con medidas de corto plazo que comprometen el futuro de millones de trabajadores.
