En los últimos años, la brecha entre lo que gana un trabajador del Estado y uno en el sector privado ha ido ampliándose, hasta alcanzar niveles históricos. Mientras las remuneraciones del sector público crecieron de forma constante, el sector privado ha mostrado un avance más lento, afectado por la informalidad, la baja productividad y los efectos pospandemia.
Hoy, el salario promedio estatal ronda los S/ 4,900, mientras que en el sector privado bordea los S/ 3,850, una diferencia que ya supera el cuarto del ingreso mensual. Si bien esta tendencia puede parecer positiva para los empleados públicos, genera tensiones dentro de la economía peruana, especialmente en lo que respecta al gasto público y la competitividad del sector empresarial.
El incremento en las remuneraciones del Estado responde a varios factores: mejoras aprobadas en los regímenes laborales 276, 728 y CAS, los reajustes periódicos por inflación y las presiones sindicales que en los últimos años lograron aumentos y bonos adicionales. Además, los servidores públicos gozan de beneficios que el sector privado no siempre puede igualar, como gratificaciones completas, aguinaldos y estabilidad laboral.
Para 2026, el presupuesto nacional contempla un aumento de casi 12 % en la masa salarial pública, lo que equivale a un gasto de más de S/ 93,000 millones en remuneraciones. Esto refleja la prioridad que el Estado da al mantenimiento del poder adquisitivo de sus empleados, aunque también enciende alertas sobre el equilibrio de las cuentas fiscales.
El contraste con el sector privado es notorio. La economía peruana aún no logra una recuperación sólida, y las empresas medianas y pequeñas siguen lidiando con menores márgenes y baja capacidad de contratación formal. Muchos trabajadores privados apenas superan el salario mínimo de S/ 1,025, lo que evidencia la desigualdad que se está formando entre ambos mundos laborales.
Este fenómeno también puede afectar la competitividad nacional. Con sueldos estatales más altos y estabilidad garantizada, muchos profesionales calificados optan por buscar empleo en el aparato público, reduciendo el talento disponible para las empresas privadas. En el mediano plazo, esto puede frenar la innovación y la productividad del país.
Sin embargo, no todo es negativo. Un aumento en los sueldos públicos bien gestionado puede mejorar la calidad del servicio estatal y atraer profesionales competentes. El problema aparece cuando los incrementos no están ligados al desempeño ni a mejoras reales en la gestión. De ser así, el Estado corre el riesgo de gastar más sin obtener mejores resultados para los ciudadanos.
El gran desafío está en mantener un equilibrio justo: pagar bien, pero con eficiencia. Es indispensable revisar las políticas salariales para que los aumentos respondan a productividad y mérito, y no solo a presiones coyunturales. Si no se hace, el Estado podría enfrentarse a un escenario en el que los sueldos altos no se traduzcan en un mejor servicio, mientras el déficit fiscal sigue aumentando.
En conclusión, el crecimiento de 66 % en los sueldos públicos en diez años muestra un esfuerzo por dignificar el trabajo estatal, pero también revela una alerta: el Perú necesita armonizar su estructura salarial para evitar que la brecha entre lo público y lo privado se convierta en un obstáculo para el desarrollo económico. La clave será construir un sistema de remuneraciones justo, sostenible y enfocado en resultados.
