El salario básico unificado (SBU) de Ecuador, fijado hoy en USD 460, se ha convertido otra vez en una pieza clave de la conversación nacional. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) y algunos sindicatos aseguran que este valor ya no cubre el costo de la canasta básica, que ronda los USD 785 según el INEC. Para ellos, un aumento a USD 600 sería un paso hacia la justicia económica que muchos hogares necesitan con urgencia.
Sin embargo, desde el sector empresarial la visión es distinta. Advierten que un incremento de esa magnitud pondría en jaque a cientos de negocios, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan márgenes reducidos. Los economistas coinciden en que un ajuste brusco podría traducirse en despidos y más informalidad, un problema que afecta actualmente a más de la mitad de los trabajadores del país.
El Gobierno, por su parte, ha optado por la cautela. Asegura que la decisión sobre el salario se tomará tras analizar la productividad y el comportamiento de la inflación, no por presiones políticas. En 2024, el crecimiento económico fue de apenas 1,8 %, lo que evidencia un entorno todavía frágil para asumir mayores costos laborales.
A nivel internacional, organismos como el FMI recomiendan a Ecuador mantener la prudencia. El país necesita fortalecer su economía y atraer inversión antes de aplicar aumentos sustanciales al salario mínimo. En paralelo, los movimientos sociales se preparan para movilizarse si no se atiende su pedido, lo que podría abrir un nuevo frente de tensión social.
El dilema está planteado: por un lado, la necesidad real de mejorar el ingreso de los trabajadores; por otro, el riesgo de que un aumento mal calculado deteriore el empleo formal y acelere el crecimiento de la informalidad. El desafío del Gobierno será lograr un equilibrio entre justicia social y sostenibilidad económica, una tarea compleja pero crucial para el futuro del país.
