El impacto de la medida fue inmediato. Apenas se anunció la suspensión de las retenciones, comenzaron a liquidarse exportaciones que estaban retenidas a la espera de un mejor escenario tributario. El efecto en dólares se notó en el mercado, pero en paralelo el Tesoro vio cómo se evaporaban ingresos que suelen ser clave para sostener la caja del Estado.
En la Casa Rosada defienden la decisión con el argumento de que el incentivo al campo traerá más producción y, en consecuencia, más exportaciones en el mediano plazo. Sin embargo, distintos economistas advierten que esa lógica no siempre se cumple de manera automática y que el costo fiscal puede generar un desequilibrio difícil de corregir en el corto plazo.
El número final depende de las estimaciones que se tomen. Algunos cálculos ubican la pérdida en torno a los u$s 700 millones anuales, mientras que otros la llevan hasta u$s 1.400 millones, lo que representa cerca del 0,2 % del PBI. Incluso desde el propio Gobierno se reconoce que el impacto podría alcanzar los u$s 1.500 millones si se suman las proyecciones para todo 2025.
En términos prácticos, esto significa que el Estado deja de recaudar más de 1,5 billones de pesos al año, una cifra equivalente a gran parte del presupuesto destinado a infraestructura o políticas sociales. Esa merma obliga a buscar alternativas: o se recortan gastos en áreas sensibles, o se confía en que la actividad económica acelere y genere recursos adicionales.
Las reacciones políticas fueron previsibles. Gobernadores de provincias agropecuarias celebraron la medida porque representa un alivio directo para sus economías regionales. Sin embargo, mandatarios de distritos con menor peso agrícola mostraron preocupación por el efecto en la coparticipación y advirtieron que la Nación podría trasladarles el ajuste.
El mercado también sigue de cerca el movimiento. Inversores valoran el gesto hacia el sector exportador, aunque señalan que la fragilidad fiscal es uno de los principales riesgos del país y que cualquier señal de desequilibrio puede encarecer el acceso al crédito.
En este escenario, el Gobierno se enfrenta a una encrucijada: mantener su promesa de alivio al campo o garantizar el superávit fiscal que repite como bandera en cada discurso. Lo cierto es que, más allá de los beneficios sectoriales, la baja de retenciones deja una marca fuerte en las cuentas públicas que deberá ser compensada si se quiere sostener la estabilidad económica.
