El ajuste, impulsado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), busca ordenar las finanzas públicas y focalizar los recursos en políticas efectivas. Para definir los cambios, se revisaron más de 300 programas, midiendo su ejecución, impacto y eficiencia. La decisión afecta de forma directa a carteras sociales clave como Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Medio Ambiente, donde se concentraban la mayoría de los proyectos con resultados débiles o duplicados.
Uno de los casos más emblemáticos es el Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, que se quedará sin financiamiento por sus bajos resultados en cobertura y ejecución. Lo mismo ocurrirá con el programa “Acción Local” y con la iniciativa de educación financiera del Fosis enfocada en mujeres jefas de hogar. En el sector cultural, la Fundación Artesanías de Chile también pierde su línea de financiamiento directo, aunque mantendrá apoyo vía transferencias desde el Ministerio de las Culturas.
En paralelo, los gobiernos regionales también sentirán el ajuste. Doce de las 16 regiones del país verán reducciones en sus presupuestos, destacando los recortes más fuertes en Aysén, Maule y Los Lagos. Solo la Región Metropolitana, Tarapacá, O’Higgins y Antofagasta tendrán leves aumentos. Además, todos los ministerios deberán aplicar un recorte operativo del 2 % en gastos administrativos, viáticos y asesorías, como parte del plan de austeridad fiscal.
El Ejecutivo asegura que el objetivo no es recortar gasto social, sino premiar la eficiencia y terminar con programas ineficaces o redundantes. Sin embargo, distintos actores sociales y políticos advierten que estos cambios podrían dejar vacíos importantes en comunidades vulnerables, especialmente en programas de empleo, educación y desarrollo local. A esto se suma la tensión política natural de un año electoral, donde cada peso reasignado será motivo de debate en el Congreso.
Con esta medida, el Gobierno busca enviar una señal clara: en adelante, cada programa deberá justificar su existencia con resultados medibles y beneficios tangibles para la ciudadanía. El mensaje es firme: el gasto público se ajusta, pero no se improvisa. Y aunque el camino hacia la eficiencia puede generar costos en el corto plazo, Hacienda apuesta a entregar un Estado más ordenado y sostenible de cara a 2026.
