El proyecto del Presupuesto 2026 no pasó desapercibido. Su anuncio trajo un golpe directo a varias áreas del aparato estatal: 28 programas públicos quedarán con presupuesto cero, lo que implica su eliminación o integración forzada a otras iniciativas. Según la Dirección de Presupuestos, las razones son simples pero duras: bajo desempeño, duplicidad de funciones y falta de impacto real.
Las consecuencias se sienten especialmente en las carteras sociales. En Desarrollo Social y Familia desaparecen once programas, varios orientados a la inclusión y apoyo de comunidades vulnerables. En Educación, se cortan seis iniciativas, entre ellas becas y programas de apoyo escolar. También hay ajustes en Trabajo, Medio Ambiente, Interior y Seguridad Pública, con la justificación de “optimizar recursos” en áreas prioritarias.
La medida se presenta como un esfuerzo de eficiencia, pero en la práctica muchos ven un retroceso en políticas públicas que costaron años en instalarse. Incluso dentro del oficialismo hay preocupación por el mensaje que se transmite en un año donde la confianza en las instituciones ya está debilitada.
A nivel regional, la situación no mejora. Doce de las dieciséis gobernaciones tendrán recortes que van desde un leve 0,4 % hasta casi un 7 %. Regiones como Maule, Los Lagos y Aysén figuran entre las más afectadas. Gobernadores y alcaldes advierten que esto podría frenar proyectos locales y poner en riesgo la autonomía regional que el país venía fortaleciendo.
El cambio más de fondo está en la estructura del gasto. Mientras el gasto corriente —sueldos, bienes y servicios— sube más de 3 %, la inversión pública sufre una caída de dos dígitos. Esto revela una apuesta por mantener el funcionamiento del Estado, pero con menos impulso a la infraestructura, la innovación o el empleo.
En el Congreso, se anticipa una discusión compleja. La oposición ya acusa un sesgo tecnocrático y la falta de sensibilidad social en la propuesta. Desde el Ejecutivo, en tanto, defienden que la prioridad es entregar una “casa fiscal ordenada”, con proyecciones sostenibles y foco en lo que realmente funciona.
Lo cierto es que este Presupuesto 2026 marcará el cierre del ciclo económico del actual gobierno y, a la vez, será una señal para quien venga. Un Estado más pequeño puede parecer eficiente, pero también más distante. Y en Chile, eso tiene costo político.
