El Ministerio de Economía y Finanzas ha decidido fortalecer el gasto corriente, principalmente en remuneraciones, con el argumento de garantizar el funcionamiento del Estado y cumplir con compromisos laborales. Sin embargo, esto implica reducir los recursos destinados a proyectos de infraestructura, mantenimiento y obras públicas, áreas que suelen generar empleo y dinamizar las economías locales.
Para los gobiernos regionales y municipales, la situación es preocupante. Muchos ya enfrentan dificultades para ejecutar su presupuesto y ven cómo los fondos destinados a inversión se reducen año a año. Con menos dinero para obras y proyectos, la posibilidad de cerrar brechas en educación, salud, agua o transporte se vuelve más lejana. En zonas del interior del país, donde la inversión pública es el principal motor económico, el impacto puede ser devastador.
Por otro lado, el MEF tiene sus propias presiones. Busca reducir el déficit fiscal y mantener la estabilidad económica en medio de un contexto global incierto. Para lograrlo, proyecta un crecimiento moderado y una mejora en la recaudación, aunque muchos especialistas consideran que esas metas son demasiado optimistas. Si los ingresos tributarios no crecen al ritmo esperado, el gobierno podría verse obligado a emitir más deuda o ajustar el gasto en la segunda mitad del año.
El gran dilema está en el equilibrio. Si bien es necesario garantizar los servicios públicos y los sueldos del personal estatal, hacerlo a costa de la inversión puede hipotecar el futuro. Un país que gasta más en sostener su aparato administrativo que en crear infraestructura o generar empleo productivo corre el riesgo de estancarse.
El Congreso y los gobiernos regionales tendrán ahora la tarea de revisar el proyecto y exigir correcciones. El reto es enorme: no se trata de gastar menos, sino de gastar mejor. Si el presupuesto 2026 no logra ese balance, el Perú podría enfrentar un 2027 con menos capacidad de respuesta fiscal y mayores tensiones sociales.
