El Ministerio de Educación defendió la gestión de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), asegurando que no existen atrasos en los pagos a las empresas proveedoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ni en otros servicios. Desde el Mineduc sostienen que lo que aparece como deuda o mora en los informes oficiales es, en realidad, una deuda contable temporal, derivada de los anticipos pactados contractualmente para asegurar la continuidad del servicio alimentario.
La autoridad explicó que estos registros contables corresponden a pagos que se contabilizan por adelantado, y luego se ajustan una vez verificadas las entregas. Por eso, las cifras que algunos informes interpretan como atrasos no serían deudas reales, sino diferencias de registro. Según la subsecretaría, este cambio metodológico fue instruido por la propia Contraloría, lo que habría alterado la lectura de los balances entre 2022 y 2023.
Pese a estas explicaciones, la Contraloría ha mantenido observaciones severas sobre el manejo de los contratos de alimentación escolar. En uno de los casos más llamativos, el organismo fiscalizador detectó que entre marzo y diciembre de 2022, Junaeb pagó más de $3.500 millones a un proveedor, aun cuando las raciones efectivamente entregadas fueron apenas unas centenas frente a las cientos de miles comprometidas.
Además, el informe cuestiona que se hayan modificado los términos del contrato sin la aprobación correspondiente, aumentando el porcentaje de pago fijo del 40 % al 60 %. Ese cambio habría permitido que las empresas recibieran montos elevados incluso si no cumplían con las entregas completas. Según el órgano de control, esto representó pagos excesivos y una posible pérdida fiscal significativa.
A estas observaciones se suman otras vinculadas al Programa de Útiles Escolares, donde Contraloría reportó retrasos de hasta siete meses en la distribución y una cobertura inferior al 40 % dentro de los plazos previstos. Varios kits fueron entregados incompletos o sin cumplir los estándares mínimos, afectando a miles de estudiantes vulnerables en todo el país.
Otro punto crítico es la existencia de multas impagas por más de $9 mil millones aplicadas a nueve proveedores por incumplimientos contractuales, que no han sido ejecutadas ni recuperadas. Los antecedentes de esas sanciones fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar posibles responsabilidades administrativas y legales.
Desde el Mineduc recalcan que la prioridad ha sido mantener el servicio alimentario y escolar sin interrupciones, especialmente en regiones, y que la rendición de cuentas está en curso. Sin embargo, el debate se ha tornado político y técnico: mientras el ministerio habla de “ajustes administrativos”, la Contraloría habla de “anomalías sustantivas”.
La tensión entre ambos organismos refleja un problema más profundo: la necesidad de mayor transparencia en la gestión pública y de mecanismos de control más claros que permitan diferenciar los errores administrativos de los eventuales malos manejos de recursos.
En medio de este cruce, la ciudadanía observa con preocupación, pues lo que está en juego no es solo un tema contable, sino la correcta ejecución de programas sociales que impactan directamente a los estudiantes más vulnerables del país.
Conclusión:
El Mineduc intenta despejar la polémica asegurando que no hay atrasos reales con los proveedores de Junaeb, pero los informes de la Contraloría revelan pagos desproporcionados, contratos modificados sin control y sanciones no ejecutadas. La disputa abre un nuevo flanco sobre la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la educación. Lo que viene ahora será clave: los sumarios y revisiones determinarán si se trató de simples errores administrativos o de una gestión negligente con costo fiscal.
