Durante los últimos meses, las autoridades mexicanas han logrado decomisos sin precedentes de combustibles ingresados ilegalmente al país. Solo en marzo se interceptó un barco con 2.6 millones de galones de gasolina de contrabando, y en julio otro operativo en Coahuila permitió recuperar 4 millones de galones adicionales. Estas acciones, junto con el monitoreo digital de aduanas, están comenzando a dar resultados tangibles para las finanzas públicas.
El llamado huachicol fiscal, que consiste en subvaluar o falsear facturas para evadir impuestos al importar combustibles refinados, había generado pérdidas de más de mil millones de dólares en 2024. Ahora, con las nuevas medidas, el gobierno busca cerrar esa brecha y recuperar los recursos perdidos.
El impacto también se siente en el mercado energético. Las gasolinas ilegales, vendidas hasta 3 pesos más baratas por litro, habían afectado a las estaciones que operan legalmente y distorsionado los precios en varias regiones del país. Con el control más estricto de las importaciones, se espera una competencia más justa y una mayor estabilidad para Pemex y sus socios comerciales.
Además del beneficio económico, la ofensiva contra el huachicol refuerza la credibilidad de México ante los inversionistas internacionales. La administración de Sheinbaum ha dejado claro que su meta no solo es recuperar dinero, sino también sanear el sistema energético y aduanero para evitar que el contrabando vuelva a crecer.
Si la tendencia continúa, México podría cerrar el año con una recaudación adicional de hasta 300 mil millones de pesos, un resultado que marcaría un antes y un después en la lucha contra uno de los delitos económicos más costosos del país.
