El primer gran desafío está en las finanzas públicas. El déficit fiscal continúa siendo un lastre, sumado a un nivel de endeudamiento que no deja espacio para improvisaciones. El país debe cumplir obligaciones por cerca de 5.000 millones de dólares con el propio Fondo hasta 2028, lo que exige aumentar ingresos permanentes, reducir gastos ineficientes y priorizar proyectos de impacto. En los últimos meses ya se han tomado medidas, como nuevos gravámenes y ajustes tributarios, pero el camino aún es largo y requiere consensos políticos que permitan sostenerlos.
El segundo frente está en la estabilidad financiera. Aunque la dolarización ofrece un marco de disciplina, limita las herramientas del Estado para responder en caso de crisis de liquidez. El sistema bancario ecuatoriano ha mostrado resiliencia, pero hay instituciones más pequeñas que enfrentan riesgos. Si la economía global se endurece, con tasas internacionales más altas o menores ingresos por exportaciones, esas vulnerabilidades podrían intensificarse. Blindar el sistema ahora es fundamental para evitar sorpresas en el futuro.
El tercer reto es la inversión y la productividad. El país sigue dependiendo en gran medida de la exportación de materias primas, lo que lo hace vulnerable a los vaivenes de precios internacionales. Sin reformas que incentiven la innovación, la tecnología y la llegada de capital privado, el crecimiento seguirá siendo débil y desigual. Modernizar el aparato productivo y diversificar la economía no es solo una necesidad, sino la única vía para crear empleo de calidad y sostener el modelo dolarizado.
Finalmente, el componente social es quizás el más sensible. Reducir el gasto público sin descuidar los programas sociales es una ecuación difícil. Los subsidios energéticos, que en gran parte benefician a sectores medios y altos, han sido cuestionados, pero su eliminación puede generar protestas y descontento social. La clave está en focalizar mejor la ayuda y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, evitando un costo político que debilite las reformas.
El FMI ha reconocido avances del Gobierno ecuatoriano en el cumplimiento de metas y ha aprobado nuevos desembolsos de recursos, lo que da un respiro en el corto plazo. Sin embargo, este respaldo no borra los riesgos de fondo. Ecuador tiene sobre la mesa una oportunidad para ordenar su economía, pero también enfrenta un límite de paciencia social y política. El éxito dependerá de si logra convertir estos cuatro desafíos en motores de cambio real.
