El reconocimiento del propio Ministerio de Vivienda de que no tiene caja para pagar a las empresas marca un punto crítico en la política habitacional chilena. Lo que hasta hace meses se percibía como simples retrasos administrativos terminó confirmándose como un problema estructural de financiamiento. Las constructoras hablan de una deuda superior a los US$ 1.000 millones, monto que involucra no solo a las empresas que levantan viviendas sociales, sino también a proveedores de materiales, propietarios de terrenos y desarrolladores que hoy esperan que el Estado cumpla con sus compromisos.
Desde mayo de este año comenzaron a multiplicarse las denuncias de atrasos en los subsidios y en los pagos comprometidos por parte del ministerio. En varias regiones, constructoras han advertido que los flujos de caja se agotaron y que de no recibir pronto los recursos podrían detener las obras. El efecto dominó es evidente: se afecta el empleo, se debilita la confianza en la inversión pública y las familias beneficiarias de los programas sociales quedan en incertidumbre.
La situación se da en un contexto ya complejo. Chile arrastra un déficit habitacional histórico que según estudios podría llegar a las 750 mil viviendas hacia fines de 2025. El propio plan de emergencia habitacional del Minvu mostraba hasta abril del año pasado un avance de apenas 45 % en sus metas, con poco más de 117 mil casas terminadas y otras 121 mil en ejecución. Incluso en tiempos de normalidad la meta era desafiante; ahora, con esta crisis financiera, el riesgo es retroceder los avances y agrandar la brecha.
Para los inversionistas y actores privados la señal es preocupante. Nadie quiere comprometer nuevos proyectos con el Estado si no existe certeza de pago. Esto puede significar que empresas del rubro comiencen a ser más selectivas en sus licitaciones, o incluso que se retiren de ciertos programas sociales. La consecuencia sería una caída en el dinamismo de la construcción, un sector que aporta de forma decisiva al empleo y al crecimiento económico.
El ministerio ha destacado que el plan de emergencia habitacional está presente en casi todo el país y que existen más de 320 mil viviendas en distintas etapas de desarrollo. También ha puesto terrenos fiscales a disposición de nuevos programas, buscando dar continuidad al proceso. Sin embargo, admitir que no existe liquidez suficiente para pagar compromete la credibilidad de esas metas y obliga a buscar fórmulas urgentes de financiamiento.
Conclusión
La crisis del Minvu refleja una falla mayor en la gestión de recursos para la política habitacional. No se trata solo de números en rojo, sino de miles de familias que ven retrasada la posibilidad de acceder a una vivienda digna y de un sector construcción que queda expuesto a pérdidas millonarias. Resolver este problema exigirá medidas rápidas, reasignación de fondos y sobre todo un restablecimiento de la confianza entre el Estado y las empresas, porque de lo contrario la emergencia habitacional corre el riesgo de transformarse en un colapso social y económico de largo plazo
