El corazón de la tesis que cita el gobierno se basa en investigaciones realizadas en Chile que analizan el comportamiento del mercado laboral tras sucesivos reajustes al salario mínimo. Los resultados apuntan a que los beneficios se concentran en los trabajadores más vulnerables, que ven un incremento en su poder adquisitivo cuando el mínimo sube. Esa es la cara positiva de la moneda. La otra cara muestra que, en empresas con una alta proporción de empleados que ganan el mínimo, sí se producen ajustes, principalmente en empleos no calificados, aunque estos efectos no son generalizados ni de gran escala.
El propio Grau ha recalcado que si los aumentos al mínimo fueran tan dañinos como aseguran algunos sectores, deberíamos ver un salto en la informalidad laboral. Lo cierto es que las cifras muestran lo contrario: la informalidad ha bajado en los últimos años, pasando de niveles cercanos al 29% antes de la pandemia a alrededor del 26% actualmente. Para el Ejecutivo, esta es una señal de que el empleo formal no se está derrumbando y que los reajustes no han expulsado masivamente a trabajadores al mercado negro.
Pese a ello, economistas y empresarios advierten que el debate no está cerrado. Subrayan que la frecuencia de los aumentos y su magnitud son factores clave: si las alzas superan lo que crece la productividad o la economía, las micro y pequeñas empresas —que concentran buena parte del empleo en Chile— pueden quedar bajo presión. Estas firmas tienen menos capacidad para absorber mayores costos laborales y podrían reaccionar con menor contratación, sustitución por tecnología o incluso con informalidad, aunque los datos todavía no reflejan un escenario crítico.
El impacto del salario mínimo en la economía es siempre un tema de equilibrios. Subirlo ayuda a reducir desigualdades y entrega un alivio inmediato a los hogares con menos ingresos, pero también exige que el mercado laboral tenga la capacidad de sostener esos ajustes sin dañar a los sectores más débiles. Lo que muestran los estudios chilenos es que los efectos negativos existen, pero son acotados y no ponen en riesgo el mercado laboral en su conjunto.
En este contexto, el gobierno defiende que la política ha funcionado mejor de lo esperado, aunque la advertencia está instalada: los próximos pasos deberán ser medidos con cuidado para que el salario mínimo siga siendo un motor de justicia social y no un freno para la creación de empleo.
