El FMI insiste en que México debe fortalecer los engranajes institucionales que mueven el presupuesto. No basta con asignar miles de millones: es vital que haya transparencia, contrapesos y rendición de cuentas para que el dinero no se quede en papeles o proyectos inconclusos. Cuando las reglas cambian con cada administración o cuando los organismos de supervisión carecen de autonomía, lo que prometía servir se vuelve terreno fértil para el derroche y la corrupción.
El organismo internacional también señala que el país necesita implementar una estrategia de consolidación fiscal realista y gradual. Se espera que el déficit público se acerque al 3.5 % del PIB en 2025, lo que implicará ajustes importantes en el gasto. Sin embargo, el gran reto será lograr ese equilibrio sin dañar los programas sociales ni la inversión pública. México no puede recortar donde más lo necesita: educación, salud, infraestructura y seguridad.
A nivel macroeconómico, el país sigue contando con fortalezas reconocidas: un tipo de cambio flexible, metas de inflación creíbles y políticas prudentes que le han permitido mantener la confianza de los mercados. La línea de crédito flexible con el FMI, de alrededor de 35 mil millones de dólares, sigue siendo un respaldo ante posibles turbulencias globales. Pero esa estabilidad no debe llevar a la complacencia: el organismo advierte que un gasto público mal administrado o sin control puede poner en riesgo esos avances.
El gasto eficiente también depende de cómo se gestionan los recursos a nivel estatal y municipal. La disparidad entre entidades federativas en términos de transparencia y rendición de cuentas sigue siendo uno de los grandes talones de Aquiles del sistema. Si los gobiernos locales no fortalecen sus instituciones, los esfuerzos federales se diluyen y se pierde la capacidad de transformar los recursos en resultados visibles para la población.
El FMI plantea que el futuro del gasto público mexicano no se mide solo en números, sino en calidad institucional. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. De que cada peso invertido tenga un propósito claro, resultados medibles y supervisión efectiva. México tiene los fundamentos para lograrlo, pero necesita fortalecer su Estado de derecho y su marco institucional si quiere que el dinero público se convierta en progreso y no en desperdicio.
