El escenario que enfrenta Grau no es fácil. El proyecto de Presupuesto debe ser ingresado al Congreso a fines de septiembre y antes de eso el Ejecutivo tiene que dejar cerrados los números. La idea de Hacienda es clara: mantener la credibilidad del país en los mercados, evitar un desbalance que presione la inflación y, al mismo tiempo, dar espacio a gastos sociales que el gobierno considera urgentes.
Los recortes, eso sí, no son uniformes. Doce regiones verán caer sus presupuestos en términos reales, siendo Aysén la más afectada con una baja cercana al 4%. Maule, Los Lagos y Arica y Parinacota también sufren caídas importantes, todas sobre el 5%. En contraste, solo cuatro regiones muestran un leve aumento, entre ellas la Metropolitana. En el caso de los ministerios, todavía no hay un detalle oficial completo, pero el ministro ya adelantó que varias carteras tendrán que ajustarse el cinturón.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Gobernadores y parlamentarios advirtieron que la medida puede frenar proyectos locales, retrasar obras e incluso obligar a suspender programas que estaban en marcha. Desde sectores opositores se ha acusado un eventual sesgo político en la distribución de los recortes, apuntando a que las gobernaciones más golpeadas serían, en su mayoría, de signo distinto al del Ejecutivo.
Desde Hacienda, en cambio, recalcan que el ajuste es técnico y responde a problemas de ejecución presupuestaria que se repiten año a año en los gobiernos regionales. La señal, aseguran, es que los recursos deben destinarse a áreas donde efectivamente se utilicen y generen impacto, como hospitales, educación, subsidios habitacionales y mejoras al sistema de pensiones.
Lo que viene ahora es una negociación intensa. En las próximas semanas el ministro Grau y la Dipres seguirán en reuniones con autoridades regionales y con jefes de cartera para ajustar detalles. Todo esto debe estar listo antes de fin de mes, cuando el proyecto de Presupuesto llegue al Congreso, donde se anticipa un debate duro y con fuerte presión de los parlamentarios que representan a regiones.
La conclusión es clara: el Gobierno busca mostrar disciplina fiscal en un momento en que la economía no da mucho margen de maniobra. Sin embargo, la apuesta no está libre de riesgos. Si los recortes se perciben como un freno a la descentralización o como una señal de desconfianza hacia los gobiernos regionales, el Ejecutivo podría pagar un costo político alto justo cuando más necesita mantener cohesión.
