El proyecto Loma Larga, impulsado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals, contemplaba la extracción subterránea de oro, plata y cobre con una inversión superior a los 400 millones de dólares y una vida útil estimada de entre 12 y 16 años. Desde sus inicios fue cuestionado por comunidades locales y autoridades de Cuenca, debido a que se encuentra en un ecosistema de páramo clave para el abastecimiento de agua potable y de riego.
En junio de este año, el Ministerio del Ambiente había otorgado la licencia ambiental que permitía iniciar las operaciones, lo que desató un fuerte rechazo social. Apenas dos meses después, el Gobierno anunció la suspensión y convocó a una mesa técnica con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, para presentar documentación y estudios que sustenten la nulidad definitiva. Durante la reunión, se entregaron informes de la empresa pública ETAPA y los resultados de la consulta popular de 2021, que mostraban el rechazo ciudadano a la minería en esta zona.
El presidente Daniel Noboa ha dejado claro que no continuará con este proyecto, aunque también advirtió que, si la paralización deriva en arbitrajes internacionales, los gobiernos locales deberán asumir parte de la responsabilidad. A su vez, el prefecto del Azuay insistió en que la decisión final corresponde al Estado, pues es el único que puede revertir actos administrativos como el otorgamiento de una licencia ambiental.
La movilización social fue determinante. El pasado 16 de septiembre, más de 100 mil personas marcharon en Cuenca bajo la consigna “Quimsacocha no se toca”, convirtiéndose en una de las protestas más grandes de los últimos años en la ciudad. Organizaciones campesinas y ambientales también han solicitado al Ejecutivo declarar a Quimsacocha como zona de protección hídrica, lo que cerraría de forma definitiva la puerta a cualquier actividad minera en el sector.
Con este giro, el futuro de Loma Larga queda en suspenso. La decisión del Gobierno refleja que la presión ciudadana y la defensa del agua han logrado marcar la agenda política y económica. Ahora, el reto será definir si la minería puede convivir con la protección de los ecosistemas estratégicos o si el país optará por blindar definitivamente estos territorios.
