En el caso de BanEcuador, se priorizarán los pequeños agricultores, ganaderos y comerciantes rurales. Los beneficiarios podrán recibir condonaciones completas en créditos de hasta USD 3.000, mientras que quienes tengan montos mayores podrán reestructurar sus préstamos con plazos más largos y tasas más bajas. Esto busca dar oxígeno a los sectores productivos que sostienen buena parte del empleo en el país.
Por su parte, la CFN centrará sus esfuerzos en empresas medianas y grandes, muchas de ellas afectadas por la baja en exportaciones y el alza de costos de producción. En lugar de condonaciones, ofrecerá refinanciamientos con condiciones más flexibles y periodos de gracia que faciliten su recuperación.
Aunque la medida representa una pérdida contable para las instituciones financieras públicas, el Gobierno estima que tendrá un impacto positivo en la economía, al permitir que los recursos que antes se destinaban al pago de deudas se reinviertan en producción, empleo y consumo interno. Expertos prevén que la morosidad en la banca pública podría reducirse hasta en un 1,5% durante los próximos meses.
Esta política también abre el debate sobre la sostenibilidad de estas decisiones. Algunos analistas recuerdan que las condonaciones deben aplicarse con criterios técnicos para evitar crear una cultura de no pago. Aun así, el Gobierno defiende la medida como una herramienta temporal y necesaria para proteger la economía popular y solidaria.
Con este plan, el Ejecutivo busca dinamizar la economía desde las bases, apoyando a quienes más lo necesitan y fortaleciendo el sistema de crédito público. El reto ahora será garantizar que este alivio llegue de forma transparente, eficiente y sin favorecer intereses particulares.
