Desde que comenzaron las protestas, los productores han visto cómo su actividad se paraliza. En provincias clave como Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, los caminos estratégicos están cerrados; tramos como Tabacundo y Cayambe se han convertido en puntos de estrangulamiento logístico. Los trabajadores, obligados a caminar trayectos imposibles, no alcanzan a llegar a tiempo para las labores críticas de cultivo y corte.
Los daños económicos son inmediatos: todos los días que no se genera el despacho de flores representan pérdidas millonarias. Además, muchas especies florales tienen vida incluso inferior a tres días una vez cortadas, por lo que cualquier retraso puede condenarlas al descarte. En ciertos días, los estimados de pérdida han oscilado entre USD 1 millón y hasta USD 2,5 millones, según distintas fuentes del gremio florícola.
Pero no es solo una crisis operativa o económica; también es una crisis de seguridad. En la provincia de Imbabura se reportaron asaltos a fincas, donde manifestantes ingresaron de forma agresiva para obligar al personal a abandonar sus labores y sumarse al paro. En algunos casos se habrían sustraído teléfonos personales para eliminar pruebas de esos actos. Estas situaciones han elevado la tensión social y expuesto la vulnerabilidad de las zonas productivas.
Las consecuencias pueden abarcar más que el ámbito agrícola: Ecuador corre el riesgo de perder confianza entre clientes internacionales. Si los contratos de exportación no se cumplen por falta de suministro, compradores pueden volcarse hacia otros proveedores latinoamericanos. Esto erosiona no solo ingresos inmediatos, sino el posicionamiento del país como exportador de flores confiable.
En el plano social, la paralización no solo afecta a las empresas, sino también a miles de familias. Alrededor de 33.000 trabajadores podrían verse impactados por la interrupción en los ingresos diarios, lo que agrava la delicada fragilidad económica en zonas rurales dependientes del agro.
Para contener el daño, el sector público y privado deben actuar con urgencia. Es imperativo garantizar corredores especiales libres para carga perecedera, proteger la integridad de las fincas y los trabajadores, e impulsar mesas de diálogo que permitan acuerdos pragmáticos. Mientras tanto, es vital que los exportadores comuniquen con transparencia sus esfuerzos para restablecer flujos y mantener la confianza internacional.
El panorama hoy es complejo, pero la magnitud de este paro exige respuestas en varios frentes: producción, logística, seguridad y diplomacia comercial. Si no se restablece pronto la normalidad, el golpe podría cobrar efectos más duraderos que los que hoy alcanzamos a medir.
