El Gobierno nacional redujo de manera drástica los fondos que no forman parte de la coparticipación automática. Estas transferencias, que suelen destinarse a infraestructura, programas sociales y apoyo a las arcas provinciales, llegaron a caer casi un 80 % en 2024 y en lo que va de 2025 siguen con una política restrictiva. Frente a esta situación, varias provincias se vieron obligadas a ajustar sus propios presupuestos, con recortes en torno al 20 % en gastos corrientes y programas locales.
El escenario se complejiza aún más al mirar los primeros meses de 2025. Las transferencias automáticas, que dependen de la recaudación nacional de impuestos, tuvieron un retroceso real por efecto de la inflación y la recesión. En cambio, las transferencias no automáticas registraron un salto superior al 200 % interanual, aunque concentradas casi exclusivamente en gastos corrientes, lo que limita la capacidad de inversión de los gobiernos locales.
La situación no impacta de manera uniforme en todo el país. Salta aparece entre las más favorecidas, con incrementos reales por encima del 20 % en fondos automáticos, mientras que Santa Fe y Córdoba resultaron perjudicadas, ya que sus transferencias apenas lograron una mejora real del 7,6 %, insuficiente frente a la suba de precios. Buenos Aires, por su parte, recibió en abril de 2025 casi un billón de pesos, contra poco más de 600 mil millones un año atrás, aunque el gobernador Axel Kicillof cuestiona los recortes en transferencias discrecionales que afectan programas clave.
Con esta dinámica, la tensión política crece. Los gobernadores evalúan distintas estrategias para enfrentar el ajuste. Algunos ya trabajan en reclamos judiciales ante la Justicia Federal, mientras otros buscan coordinar acciones políticas conjuntas para presionar a la Casa Rosada. El antecedente de la Corte Suprema, que en el pasado intervino en disputas similares, alimenta la expectativa de que los tribunales vuelvan a ser escenario de la puja por los recursos.
El telón de fondo es un federalismo fiscal cada vez más cuestionado. El Gobierno nacional concentra poder a través de los fondos discrecionales, mientras las provincias deben ajustar sus presupuestos y enfrentar la caída de ingresos automáticos. La disputa por la coparticipación deja claro que el ajuste no se reparte de manera pareja y que, tarde o temprano, el conflicto entre Nación y provincias terminará en nuevos choques políticos y judiciales.
Conclusión
La reducción en las transferencias vuelve a poner en jaque el delicado equilibrio del federalismo argentino. Con menos recursos automáticos y un control político más fuerte de los fondos discrecionales, las provincias anticipan que la tensión irá en aumento. La pregunta central es quién absorberá el costo del ajuste y hasta dónde llegará la pulseada que ya empieza a marcar el rumbo de la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.
