El Congreso de la República viene aprobando una serie de leyes con fuerte impacto en las cuentas del Estado. Según el Consejo Fiscal, ya son más de cien normas las que, por insistencia, han sido promulgadas sin un análisis financiero claro. En conjunto, su costo para el país bordea los S/ 35.785 millones, una cifra que equivale a casi el presupuesto anual de sectores clave como educación y salud.
El problema no se detiene ahí. Si se suman otros proyectos de ley en trámite, el costo potencial podría elevarse en más de S/ 25 mil millones adicionales. De seguir ese ritmo, el déficit fiscal podría subir del 2,2 % actual a más del 6 % del PBI en poco más de una década. En otras palabras, el país estaría gastando muy por encima de lo que recauda, comprometiendo su capacidad para invertir en infraestructura y servicios públicos.
Detrás de este desequilibrio hay un patrón preocupante: muchas de las leyes aprobadas reducen impuestos o crean beneficios tributarios sin medidas compensatorias. Por ejemplo, se han dado exoneraciones del IGV para ciertos sectores, y aumentos de remuneraciones o pensiones sin una fuente de financiamiento clara. A esto se suma una recaudación que se mantiene baja, apenas alrededor del 15 % del PBI, cuando en la región el promedio supera el 20 %.
El Consejo Fiscal también advierte que la deuda pública podría dispararse en los próximos años si no se corrige el rumbo. Hoy el Perú mantiene una deuda manejable, pero con leyes de gasto continuo y menores ingresos, ese equilibrio podría romperse. Un escenario así afectaría no solo la calificación crediticia del país, sino también el costo de financiamiento para el Estado y para las empresas.
Para los inversionistas y quienes siguen de cerca los mercados peruanos, este panorama genera incertidumbre. Las decisiones del Congreso pueden parecer políticas, pero terminan repercutiendo en el tipo de cambio, las tasas de interés y la confianza de los mercados. Si los agentes económicos perciben que el país pierde disciplina fiscal, la inversión se enfría y el riesgo país aumenta, afectando directamente la rentabilidad de los activos locales.
Los expertos insisten en que el Perú necesita recuperar una política fiscal predecible y responsable, con leyes que respondan a criterios técnicos y no solo a intereses políticos o coyunturales. La clave está en equilibrar las necesidades sociales con la sostenibilidad de las cuentas públicas.
En resumen, las decisiones fiscales del Congreso no son un tema lejano ni solo de economistas. Son medidas que terminan afectando el crecimiento, el empleo, el valor del sol y el poder adquisitivo de cada peruano. Si el Estado sigue gastando más de lo que puede sostener, el país podría entrar en una etapa de vulnerabilidad económica difícil de revertir.
