La llamada Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas cambia las reglas del juego. Por un lado, el Estado reconoce una deuda de más de seis mil millones de dólares generada por años de tarifas intervenidas. Por otro, implementa un subsidio transitorio que aliviará a más de un millón de hogares en el corto plazo, aplicando descuentos automáticos en la boleta de luz. Además, contempla compensaciones para comunas donde operan centrales a carbón, como Coronel, Tocopilla, Huasco o Mejillones, donde las cuentas podrían bajar hasta un 30 %.
Desde hace años, el congelamiento de tarifas fue una medida de emergencia que se extendió demasiado. En su momento, permitió contener alzas fuertes en plena crisis social, pero con el tiempo generó un desfase entre el costo real de la electricidad y lo que efectivamente se cobraba a los usuarios. Las empresas del sector empezaron a acumular pérdidas y el Estado debió cubrir esa brecha, que terminó convirtiéndose en una deuda millonaria. La nueva ley busca corregir esa distorsión con un ajuste gradual en las cuentas eléctricas, evitando saltos bruscos y repartiendo de mejor forma el peso del cambio.
El subsidio, según lo anunciado, beneficiará principalmente a hogares pertenecientes al 40 % más vulnerable del Registro Social. Los descuentos se verán reflejados directamente en la boleta eléctrica, sin necesidad de intermediarios, y su cobertura podría ampliarse en los próximos meses a medida que avance la tramitación de las normas complementarias. Para quienes no estén dentro de ese grupo, las alzas llegarán de manera progresiva entre este año y el próximo, con incrementos que podrían promediar entre un 20 % y un 50 % según el nivel de consumo.
La reforma también introduce un mecanismo de reconocimiento territorial, pensado para compensar a comunidades que por años han convivido con la generación eléctrica a carbón. En esas zonas, el beneficio se traducirá en descuentos adicionales, buscando una especie de justicia energética. En paralelo, el Ejecutivo analiza topes anuales al subsidio y límites fiscales, ya que la sostenibilidad del plan dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de nuevas fuentes de financiamiento, como impuestos verdes y cargos por consumo industrial.
Para el ciudadano común, lo importante será entender que el descongelamiento ya comenzó y que las boletas volverán a reflejar el costo real de producir energía en Chile. En el corto plazo, la ayuda estatal aliviará el impacto en millones de hogares, pero a medida que avance la normalización, el precio final de la electricidad dependerá de factores como el tipo de consumo, la región y las condiciones del mercado eléctrico.
Esta ley marca el inicio de una nueva etapa para el sector energético nacional. Busca un equilibrio difícil: evitar un golpe fuerte al bolsillo sin seguir acumulando deuda fiscal. El desafío será lograr que este cambio no repita los errores del pasado, con subsidios que se vuelvan permanentes o con tarifas que se disparen sin control.
Al final, lo que se juega no es solo el precio de la luz, sino la capacidad del país para construir un sistema energético sostenible, justo y financieramente viable. Chile, después de años de parches, comienza a sincerar el costo de su electricidad.
