Durante los últimos años, el Congreso peruano ha acelerado la aprobación de leyes con alto impacto fiscal. Entre julio de 2021 y julio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) identificó más de 140 proyectos con contenido tributario o de gasto que, de ser implementados en su totalidad, representarían un costo superior a los S/ 406 000 millones. Esta cifra equivale a más de un tercio del producto bruto interno del país, una magnitud que podría desequilibrar las cuentas públicas si no se toman medidas correctivas.
Del total, cerca del 17 % de los proyectos ya fueron aprobados y su aplicación implica un costo anual de casi S/ 27 000 millones, es decir, más del 2 % del PBI. A eso se suman los dictámenes pendientes en comisiones, que representan cerca de S/ 153 000 millones adicionales. Muchas de estas normas, según el Consejo Fiscal, no cuentan con un sustento técnico adecuado ni con un análisis real del impacto financiero que tendrán sobre las finanzas del Estado.
Uno de los principales problemas es que varias de estas leyes crean gasto permanente, como el nombramiento de personal, incrementos de remuneraciones o beneficios adicionales para determinados sectores públicos. Estas medidas no solo elevan el presupuesto actual, sino que comprometen los recursos de los próximos gobiernos, restando flexibilidad al Estado para responder a emergencias o crisis económicas.
Además, se han aprobado y propuesto leyes que erosionan la base tributaria, como exoneraciones o regímenes especiales para ciertos grupos empresariales. Estas disposiciones, en lugar de incentivar la inversión, pueden reducir la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales como educación, salud o infraestructura. El Consejo Fiscal advierte que este tipo de medidas debilita el sistema impositivo y genera una presión innecesaria sobre la deuda pública.
El contexto resulta aún más preocupante si se considera que la recaudación en el Perú es una de las más bajas de América Latina. Según estimaciones recientes, los ingresos tributarios representan apenas el 14 % del PBI, muy por debajo del promedio regional. En este escenario, cualquier reducción de ingresos o aumento de gasto puede tener efectos inmediatos en el déficit fiscal y en la capacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos financieros.
Para los mercados y los inversionistas, esta situación no pasa desapercibida. Un aumento descontrolado del gasto público sin respaldo en ingresos suficientes podría presionar la deuda soberana, afectar la calificación crediticia del país y elevar el costo de financiamiento. En el ámbito del trading, la percepción de riesgo fiscal suele traducirse en mayor volatilidad cambiaria, fuga de capitales y movimientos bruscos en los bonos y acciones locales.
Expertos consultados coinciden en que es necesario restablecer la disciplina fiscal y reforzar el análisis técnico de cada proyecto de ley antes de su aprobación. Esto implica que el Congreso debe trabajar de manera más coordinada con el MEF y el Consejo Fiscal para evaluar el impacto financiero de cada iniciativa. También se recomienda revisar los beneficios tributarios que ya existen y eliminar aquellos que no generen un retorno real en inversión o empleo.
Por otro lado, fortalecer la recaudación debe convertirse en una prioridad. Ampliar la base tributaria, mejorar los mecanismos de fiscalización y combatir la evasión permitiría aumentar los ingresos sin necesidad de crear nuevos impuestos. La transparencia en las cuentas públicas y la comunicación clara de los riesgos fiscales también ayudarían a mantener la confianza de los mercados.
El panorama fiscal peruano está en una etapa crítica. La combinación de gasto estructural creciente y baja recaudación pone al país frente a una posible pérdida de estabilidad macroeconómica. En este contexto, tanto el gobierno como los inversionistas deben actuar con cautela.
