El acuerdo con el FMI fue suscrito en mayo de 2024 bajo la modalidad de Servicio Ampliado del Fondo, con un financiamiento original de USD 4.000 millones para un periodo de cuatro años. Tras la segunda revisión técnica, el organismo confirmó que Ecuador cumplió de forma satisfactoria con los objetivos fiscales y estructurales planteados, lo que permitió ampliar la línea de crédito y liberar un nuevo tramo de fondos.
El Gobierno destacó que este desembolso llega en un momento clave, en el que el país enfrenta presiones fiscales derivadas de los costos de la seguridad interna y de la crisis eléctrica. Los recursos del FMI permitirán fortalecer la liquidez del Estado, sostener los programas sociales prioritarios y financiar obras de infraestructura que habían quedado en pausa por falta de fondos.
Durante la evaluación, el FMI resaltó la mejora en la recaudación tributaria no petrolera, la reducción de atrasos internos y los esfuerzos por mantener una gestión fiscal responsable. También reconoció que, a pesar de la compleja situación provocada por la sequía y los apagones, el gobierno ecuatoriano mantuvo su compromiso con las reformas estructurales.
Con este nuevo respaldo, Ecuador no solo obtiene alivio financiero inmediato, sino que también consolida su credibilidad ante los organismos internacionales. De mantenerse esta disciplina, el país podría recuperar el acceso pleno a los mercados internacionales de crédito en 2026, lo que abriría la puerta a nuevas fuentes de financiamiento a tasas más competitivas.
Sin embargo, los próximos meses serán decisivos. El FMI advirtió que las siguientes revisiones estarán sujetas a un entorno global más exigente, por lo que el cumplimiento de metas y la continuidad de las reformas serán esenciales para garantizar nuevos desembolsos.
El Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que la ampliación del programa es una señal de confianza en la estabilidad macroeconómica del país y en la gestión de sus políticas públicas. Según la institución, cada dólar que ingresa del FMI será destinado a fortalecer la inversión social y a garantizar el equilibrio de las finanzas públicas.
Este desembolso de USD 600 millones representa mucho más que un apoyo financiero: es una señal de que Ecuador está recuperando credibilidad internacional. Mantener esa confianza será el desafío más grande en el camino hacia una economía más sólida y sostenible.