En los campos de Portuguesa, Cojedes y Barinas, los agricultores trabajan a contrarreloj para levantar una cosecha que, sobre el papel, debería ser motivo de orgullo. Sin embargo, la realidad del mercado les juega en contra. El maíz importado, que entra al país durante el mismo período de recolección, está acaparando la demanda de la industria procesadora, dejando el producto nacional en espera.
Las cifras lo confirman: más de 900.000 toneladas de maíz venezolano siguen almacenadas sin destino comercial, una situación que golpea directamente el bolsillo de miles de productores. El problema no es la falta de productividad, sino de protección y planificación. En lugar de asegurar la compra de la producción local antes de abrir las importaciones, las políticas actuales parecen priorizar el abaratamiento del grano importado, sin medir el daño que eso causa en el campo.
A este desequilibrio se suma el peso de los costos. Semillas, fertilizantes, repuestos y transporte se pagan en dólares, pero los agricultores reciben su pago en bolívares, con un tipo de cambio que se devalúa casi a diario. En muchos casos, el precio al que logran vender el maíz ni siquiera cubre el costo de producción. Así, el esfuerzo de meses de trabajo termina en pérdidas, y el incentivo para volver a sembrar se desvanece.
Si el panorama no cambia, las proyecciones para el próximo ciclo no son alentadoras. Se espera una reducción cercana al 14 % en la producción nacional de maíz, debido a la escasez de insumos, la falta de financiamiento agrícola y el desencanto de los productores, que prefieren reducir áreas de siembra antes que arriesgarse a otra cosecha sin compradores.
El maíz es un cultivo esencial para la seguridad alimentaria del país. De él depende no solo la harina precocida que llega a la mesa de cada hogar, sino también el alimento de aves, cerdos y ganado. Si la producción local sigue perdiendo terreno, el costo de los alimentos básicos podría seguir en aumento, afectando directamente el bolsillo de los venezolanos.
El sector agrícola insiste en que la solución está en la planificación: acordar precios justos antes de la siembra, proteger la producción nacional y limitar las importaciones durante los meses de cosecha. De lo contrario, los campos seguirán sembrando pérdidas.
Hoy el mensaje del campo es claro: no basta con producir más, hay que asegurar que el esfuerzo valga la pena. Venezuela tiene potencial agrícola de sobra, pero necesita políticas coherentes que pongan al productor por delante del interés importador.