El aumento del gasto social es una de las apuestas más visibles de la administración actual. La proforma presupuestaria para 2025 refleja que las ayudas entregadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social alcanzarán casi los USD 1.910 millones, lo que significa un incremento de más de USD 360 millones frente al año pasado. Esta expansión tiene un doble objetivo: aliviar a los sectores más vulnerables y, al mismo tiempo, dar un empuje a la economía a través del consumo interno.
Entre los programas más destacados está Jóvenes en Acción, que entrega USD 400 mensuales durante tres meses a jóvenes de entre 18 y 29 años. Se prevé que más de 80.000 beneficiarios reciban este apoyo, lo que representará un gasto de alrededor de USD 96 millones. A este plan se suma Ecuatorianos en Acción, enfocado en adultos desempleados, y el Incentivo Emprende 2025, que otorga USD 1.000 a pequeños negocios afectados por dificultades económicas o fenómenos naturales.
Aunque la intención es clara —fortalecer la red de protección social y estimular el emprendimiento—, la otra cara de la moneda preocupa. El déficit fiscal del país podría superar los USD 5.600 millones este año, una cifra que limita la capacidad del Estado para mantener este nivel de gasto en el mediano plazo. La presión también llega por el lado de los subsidios, que representan casi el 20% del presupuesto general y alrededor del 6% del PIB. En este grupo destacan el subsidio al diésel, al gas y las pensiones, que juntos suponen casi USD 8.000 millones anuales.
En el debate económico surge la idea de ajustar o incluso retirar algunos subsidios para aliviar las cuentas públicas. Un ejemplo concreto es el del diésel: eliminar su subsidio podría significar un ahorro de más de USD 1.000 millones. Sin embargo, estas decisiones son políticamente sensibles y pueden generar protestas sociales, lo que pone al Gobierno en una encrucijada entre la estabilidad fiscal y la estabilidad social.
El financiamiento es otro punto crítico. En 2024 ya se evidenció un hueco de casi USD 2.500 millones en las cuentas públicas, lo que obligó al Estado a buscar préstamos externos e internos. Para 2025 la situación no parece más sencilla: si el gasto sigue creciendo, se necesitarán nuevas líneas de crédito en un contexto internacional poco favorable para países con alta deuda y riesgo político.
Más allá de la discusión técnica, lo que está en juego es la sostenibilidad del modelo económico. El gasto social ayuda a aliviar las tensiones inmediatas y refuerza el perfil político del Gobierno, pero a la larga puede convertirse en un problema si no se acompaña de medidas que fortalezcan la recaudación y mejoren la eficiencia del gasto.
Conclusión
El Ecuador enfrenta un dilema complejo. Los bonos sociales generan un alivio real para miles de familias y emprendedores, pero su costo amenaza con desbordar las cuentas fiscales. La pregunta de fondo es si el país está apostando a una reactivación sostenida o a una estrategia temporal que tarde o temprano obligará a ajustes más duros. Lo que está claro es que el equilibrio entre gasto social y disciplina fiscal será decisivo en los próximos meses.
