La eliminación del subsidio al diésel, que durante años representó un gasto de más de mil millones de dólares anuales para el Estado, provocó un fuerte impacto en la economía del campo y el transporte. El precio del galón pasó de USD 1,80 a USD 2,80, lo que encareció de inmediato los costos de producción agrícola y de movilización de productos básicos. Para mitigar ese golpe, el Gobierno puso en marcha una serie de compensaciones, entre ellas el Bono Raíces, que busca sostener a quienes dependen directamente de la tierra para subsistir.
Este bono consiste en un pago único de USD 1.000 destinado a productores rurales, especialmente aquellos que ya se encuentran en el Registro Social o en bases del Ministerio de Agricultura. No se requiere un trámite adicional ni inscripciones, pues la selección se realiza de manera automática. Los beneficiarios reciben la notificación oficial y pueden cobrar el dinero directamente en las ventanillas de BanEcuador. Para quienes no tienen cuenta en ese banco, existe la opción de abrir una de forma gratuita y retirar el apoyo.
El proceso de entrega arrancó a mediados de septiembre y desde entonces las agencias de BanEcuador, sobre todo en provincias serranas como Chimborazo y Bolívar, han sido escenario de largas filas de campesinos que esperan cobrar el incentivo. Aunque la intención es que el pago sea ágil y sin intermediarios, en la práctica la demanda ha superado la capacidad operativa del banco, lo que genera molestias y temor entre quienes sienten que podrían quedarse fuera del beneficio.
Según estimaciones oficiales, alrededor de 100.000 productores podrán acceder al bono en todo el país, aunque hasta la fecha cerca de 70.000 ya han recibido el pago. El impacto se siente también en el transporte: más de 1.600 transportistas han recibido compensaciones mensuales que varían entre USD 400 y USD 1.000, durante un periodo inicial de ocho meses que podría extenderse.
Sin embargo, el reto no es solo logístico. Muchos productores consideran que un pago único resulta insuficiente frente a un aumento de costos que será permanente. El diésel es el motor de más de 400.000 vehículos en Ecuador, entre camionetas, camiones y buses, lo que significa que el alza repercutirá en toda la cadena de distribución y en los precios finales para los consumidores. Además, el malestar social ya se hace sentir en algunas regiones, con críticas a la medida y manifestaciones que evidencian la carga política de la decisión.
El Bono Raíces se presenta como un salvavidas en un momento de transición económica complejo. Su verdadero valor dependerá de que el dinero llegue rápido y de manera transparente a quienes más lo necesitan. Si la ayuda se entrega con eficiencia, puede convertirse en un respiro para miles de familias rurales. Pero si la burocracia y las aglomeraciones dominan el proceso, el apoyo corre el riesgo de quedarse en una promesa que no compensa el duro golpe que significa vivir sin subsidio al diésel.
