El trasfondo de la medida
El subsidio al diésel era uno de los rubros más costosos para el Estado ecuatoriano. Desde la década de los setenta se convirtió en un gasto fijo que con el tiempo se volvió insostenible. Solo en los últimos trece años, el país destinó más de 53 000 millones de dólares en subsidios a combustibles, de los cuales casi la mitad se concentró en el diésel. Con esta eliminación, el gobierno pretende cumplir compromisos fiscales internacionales y liberar recursos que podrán usarse en inversión social y productiva.
El ajuste, sin embargo, no es sencillo. El diésel es el combustible más utilizado en transporte de carga y en maquinaria agrícola, por lo que cualquier variación en su precio se refleja en los costos de bienes y servicios. El nuevo precio de 2,80 dólares por galón regirá hasta diciembre, cuando entrará en funcionamiento un mecanismo de estabilización para evitar fluctuaciones bruscas.
Impacto en inflación y precios
El efecto más inmediato será en el bolsillo de los ecuatorianos. Transportistas y agricultores advierten que sus costos operativos subirán, lo que inevitablemente terminará trasladándose al consumidor final. Esto significa que alimentos, insumos básicos y mercancías en general podrían experimentar aumentos. El Banco Central reconoce que habrá un repunte en la inflación, aunque lo considera manejable si las compensaciones y los programas de apoyo llegan a tiempo.
El Gobierno, por su parte, asegura que el transporte público no subirá tarifas y que ya se activaron mecanismos de devolución del IVA, bonos para agricultores y transportistas, y programas sociales que intentan proteger a los sectores más vulnerables. El éxito de la medida dependerá de qué tan rápido y de qué manera esos apoyos se hagan efectivos.
Perspectiva económica para 2025
A pesar de los riesgos, el Banco Central elevó sus proyecciones de crecimiento económico. La expectativa es que, con una reducción del déficit fiscal y una mayor confianza en el manejo de las finanzas públicas, el país logre crecer un 3,8 % en 2025, frente al 2,8 % que se había anticipado meses atrás. Este repunte también se apoya en una recuperación de las exportaciones, inversiones en sectores estratégicos y una mejora en la imagen crediticia del país.
No obstante, el panorama no está libre de tensiones. Si el alza de precios se desborda o las compensaciones no funcionan como se espera, las protestas sociales podrían recrudecer. La medida se percibe como necesaria desde el punto de vista económico, pero políticamente es arriesgada en un país donde los subsidios han sido un tema históricamente sensible.
Conclusión
La eliminación del subsidio al diésel marca un antes y un después en la economía ecuatoriana. Representa una apuesta por ordenar las cuentas públicas y liberar recursos vitales para el desarrollo, pero al mismo tiempo pone a prueba la capacidad del Estado para manejar la presión inflacionaria y contener el malestar social. Si el gobierno logra equilibrar estas variables, Ecuador podría encaminarse hacia un crecimiento más sólido y sostenible. Si falla, el costo político y económico podría ser mayor que el ahorro fiscal.