La eliminación del subsidio al diésel, vigente en Ecuador desde 1974, marca un antes y un después en la economía del país. Con esta decisión, el precio del galón subió un dólar, pasando de USD 1,80 a USD 2,80, lo que significa que el Estado dejará de gastar alrededor de USD 1.100 millones al año. Sin embargo, al descontar las compensaciones sociales que se aplicarán de manera inmediata, el ahorro real para 2025 será de aproximadamente USD 424 millones.
El gobierno diseñó un paquete de 18 medidas que buscan compensar a los sectores más golpeados. Una de las más relevantes es la entrega de bonos directos a transportistas públicos, que abarcan a más de 23.000 conductores de buses intracantonales, interprovinciales y taxis colectivos. Cada beneficiario podrá recibir entre USD 400 y USD 1.000 mensuales por ocho meses, dependiendo del tipo de servicio y del registro que realice en las plataformas oficiales del Ministerio de Transporte. Para este programa se destinarán cerca de USD 220 millones.
El sector agrícola también tendrá beneficios. El plan incluye créditos preferenciales, la entrega de tractores y un bono llamado “Raíces” que llegará a 70.000 pequeños productores. Cada familia beneficiada podrá recibir hasta USD 1.000 para aliviar el incremento de costos de transporte y producción. Adicionalmente, se aplicarán devoluciones de IVA a adultos mayores, constructores y otros sectores que tradicionalmente han sentido el peso del diésel en su estructura de gastos.
Otra parte del paquete de compensaciones se destinará a la red vial y a la seguridad en carreteras, con inversiones de más de USD 30 millones. La idea es que el transporte público no solo tenga un alivio económico directo, sino también condiciones más seguras y eficientes para operar.
Actualmente, en Ecuador existen unos 3,13 millones de vehículos matriculados, de los cuales más de 423.000 funcionan con diésel. La gran mayoría, cerca de 292.000, son de uso particular, mientras que alrededor de 118.000 corresponden a unidades de alquiler y 12.000 pertenecen al Estado. Esto significa que, aunque el beneficio inmediato se centra en el transporte público, el impacto del alza de precios se sentirá también en transportistas privados, empresas logísticas y en los consumidores, que ya prevén un encarecimiento de ciertos bienes básicos.
El gobierno ha insistido en que el precio del pasaje no subirá, pero gremios de transportistas mantienen cierta desconfianza y en algunos puntos del país ya se han registrado protestas parciales. La principal preocupación gira en torno a la sostenibilidad de las compensaciones: los bonos están asegurados por ocho meses, pero no se ha definido con claridad qué ocurrirá si los precios internacionales del petróleo suben o si la inflación presiona más el costo de vida.
La implementación de los pagos arrancará a partir del 15 de septiembre, y los beneficiarios deberán inscribirse de forma digital o en oficinas del MTOP. Según el gobierno, el proceso será transparente y ágil para garantizar que los primeros desembolsos lleguen a tiempo.
Conclusión
La eliminación del subsidio al diésel es una de las medidas más drásticas tomadas en Ecuador en las últimas décadas. Si bien significa un alivio importante para las finanzas del Estado, el reto está en lograr que las compensaciones lleguen de manera efectiva y rápida a quienes más lo necesitan. Transportistas, agricultores y hogares vulnerables serán los primeros en sentir el impacto, y el éxito de la política dependerá de que el Estado cumpla con sus compromisos para que el costo de la transición no recaiga sobre los más pobres.
